Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial desde un enfoque de género.

Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial desde un enfoque de género.

Resumen Ejecutivo

Subsecretaría de Mujer, Género y Diversidad Sexual

Secretaría Distrital de Planeación

Alcaldía Mayor

Bogotá D.C.

Consultoras:

Marisol Dalmazzo

Liliana Rainero

Con el apoyo de AECID

1. INTRODUCCIÓN

La revisión del POT, desde el enfoque de género, busca identificar los impactos diferenciados de la planeación territorial en hombres y mujeres con el objeto de aportar propuestas para el desarrollo de una región capital más equitativa desde el punto de vista social y de género, incluyente y sostenible, con base en un modelo de ciudad beneficioso para el conjunto de la ciudadanía. Es una oportunidad para debatir estrategias a largo plazo, identificar  vacíos y plantear nuevas preguntas en relación a cómo viven ciudadanos y ciudadanas sus interrelaciones cotidianas en el territorio.

Apostar a una región capital sostenible, a la descentralización y la distribución equitativa de servicios en el territorio; a disminuir los tiempos de desplazamientos de la población, facilita las condiciones de vida de las mujeres y al mismo tiempo  aporta a un modelo de ciudad que beneficia a  todos. Es necesario, por lo tanto, mirar integralmente la ciudad, sumar visiones y encontrar puntos de contacto. Los cambios demográficos, de composición de los hogares, las nuevas modalidades de trabajo y prácticas sociales,  requieren pensar las políticas de vivienda, de salud, de movilidad, de seguridad, de equipamientos y espacios públicos, entre otras, desde  un enfoque que contemple la diversidad de la población y poder evaluar cuál es el modelo de ciudad que permite responder de manera más eficaz, eficiente y equitativa a la gente real que vive en ella.

El enfoque de género no significa hablar sólo de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en abstracto, implica tener en cuenta los diversos colectivos que componen la población, que usan y perciben la ciudad de forma diferente según su inserción social, capacidades físicas, edades, grupos etáreos, diversidad sexual, etnias, personas en condiciones de pobreza, y que tienen patrones de movilidad diversa y distintas demandas de accesibilidad en el territorio. Hablar de la  población de la ciudad, implica reconocer estos factores que la cruzan, ya que si no se reconocen las especificidades de los  distintos colectivos no se puede pensar un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que tenga como objetivo la calidad de vida de la ciudadanía.

Las premisas que guiaron el diagnóstico y permitieron definir los temas prioritarios en la revisión del POT son:

• Hombres y mujeres vivencian la ciudad de forma diferente por los roles sociales asignados.
• El cuidado de las personas dependientes y las actividades necesarias para la reproducción de la vida humana es una responsabilidad social, y por lo tanto deben ser asumidas por el estado y debe expresarse  en el territorio a través de servicios de apoyo
• Las mujeres aportan a la sociedad trabajo socialmente necesario no remunerado y una manera de compensar el mismo es destinar parte de las plusvalías urbanas a compensar dicho trabajo  a través del sistema de cargas y beneficios .
• Las Mujeres son sujetas de múltiples violencias  en el espacio privado y público que deben ser consideradas, prevenidas y atendidas desde las políticas de seguridad ciudadana.

2. LÍNEA BASE: LOS TEMAS PRIORITARIOS PARA LA REVISIÓN DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO.

La planificación física del territorio es una de las áreas relevantes de decisión de los gobiernos locales, y convoca aspectos sustanciales de las políticas públicas. Garantizar el derecho a la ciudad para toda la población que en ella habita significa entender que se trata de un derecho universal, y por lo tanto efectivizarlo es una atribución de los gobiernos locales, que lo posibilitan a través de políticas públicas y urbanas que orientan la organización del territorio.

Una óptica de derechos y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres debe tener como condición cambios culturales que modifiquen la división sexual del trabajo entre varones y mujeres y avanzar en la búsqueda de un nuevo contrato social. El estado, los gobiernos locales, tienen una responsabilidad para promover dichos cambios y la planificación del territorio es uno de los aspectos que pueden contribuir a efectivizar los mismos.

Ahora bien, para una planificación con enfoque de equidad de género, es necesario identificar los aspectos físicos y sociales obstaculizantes y facilitadores del acceso y apropiación de la ciudad por parte de hombres y mujeres, con el fin de contar con la información necesaria para nutrir el diseño e implementación de políticas públicas urbanas.

En este sentido se pueden señalar  seis  aspectos a tener en cuenta a la hora de identificar impactos diferenciales para las mujeres en la ciudad.

A. Cambios en la Población Económicamente Activa (PEA)

La incorporación masiva de las mujeres al empleo en las últimas décadas, con una participación importante en el sector informal de la economía, viene representando nuevos retos que impactan la vida cotidiana de la sociedad, en tanto las mujeres continúan siendo las responsables casi exclusivas del ámbito doméstico, lo que les genera sobrecarga de trabajo y condiciona sus oportunidades en el mercado laboral. En Bogotá para el año 2007 la tasa global de participación masculina en la PEA, fue de 63% y la femenina de 42%. Es decir que  existe una brecha de más de 20 puntos porcentuales. En general, en Colombia, el crecimiento promedio de la población económicamente activa femenina ha sido de 0,57% mientras que la masculina ha sido 0,32%.[1]

Mientras la división sexual del trabajo se mantenga inalterable, la incorporación de las mujeres al mercado laboral exige una organización del tiempo diferente, porque implica compatibilizar la vida familiar con la vida laboral o con las actividades de generación de ingresos, dentro o fuera de la casa. La relación trabajo y vivienda, las distancias a los lugares de trabajo, los horarios y los medios de movilidad, condicionan las decisiones personales de las mujeres: las elecciones laborales de medio tiempo y por lo tanto menos remuneradas.

En ese mismo orden de ideas, en un sistema cuyos valores son predominantemente monetarios, se ignoran las actividades asociadas a la reproducción que realizan las mujeres, puesto que el concepto trabajo hace referencia solamente al considerado productivo. Esto trae consecuencias para las mujeres integradas al mercado laboral, en tanto la doble jornada no es contemplada en la organización del trabajo en las empresas privadas o públicas.

Por lo tanto, la información acerca de la inserción de las mujeres en el mercado laboral y también en el trabajo informal, en el cual ocupan un alto porcentaje, debe integrarse e incorporarse a la planificación del uso del suelo del territorio. Paralelamente, se requiere repensar las obligaciones de las empresas privadas y públicas referidas a la responsabilidad social respecto a las actividades de cuidado de las personas en condición de dependencia y la provisión de los servicios necesarios.

B. Persistencia de la División sexual del Trabajo

La responsabilidad que recae en las mujeres a cargo de la reproducción de la fuerza de trabajo ha justificado la construcción social de roles masculinos y femeninos, en relación al cuidado de  hijos, familia, personas mayores y con discapacidades, actividades expresadas como tareas domésticas o de economía del cuidado. El trabajo familiar ha sido, en las últimas décadas, motivo de minuciosa investigación y sistematización. Marina Bianchi (1994)[2] ha clasificado las tareas del hogar que realizan las mujeres en múltiples actividades: reproductivas (procreación, crianza, educación, socialización), domésticas (mantenimiento de la ropa, comida, compras, limpieza), burocráticas (relacionadas con los servicios y las instituciones) y asistenciales (cuidado de las personas enfermas, ancianas o discapacitadas). Estas actividades no son contabilizadas en el volumen de la fuerza de trabajo de las personas económicamente activas.

La doble presencia laboral en el espacio privado y público, impacta en la estrecha relación que tienen las mujeres con i) la vivienda y el hábitat como principales usuarias, en cuanto al  acceso, la seguridad en la tenencia y la  calidad espacial, material y ambiental de la misma, considerando que la vivienda, en muchos casos, es también el único lugar de generación de ingresos; ii) con la dotación de servicios públicos para la realización de funciones domésticas iii)  los equipamientos sociales para educación, salud, espacio público, comercio; iv) la movilidad v) la seguridad ciudadana y v) con  las condiciones ambientales de barrios y UPZ.

La organización del territorio debe expresar esta vinculación y considerar el acceso a equipamientos de cuidado de niños y niñas y personas dependientes y de soporte a las tareas domésticas: comedores, centros de apoyo y de vacaciones escolares;  la cercanía de la vivienda  a centros educativos, servicios de salud y al comercio local; la dotación de transporte público; la cobertura interbarrial; rutas peatonales seguras; diseños del espacio público que contemplen la  movilidad de las personas adultas con niños, de personas mayores y/o con discapacidades etc. A su vez, debe evaluar los costos económicos y de tiempo para acceder a las actividades urbanas. La organización del espacio tiene una estrecha relación con el uso del tiempo y en consecuencia con el aprovechamiento de las oportunidades que la ciudad ofrece y la democratización de la misma.

Los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá, ECVB-2007, arrojan una razón de dependencia por edad para el Distrito Capital de 47. Esto es, hay 47 personas en edad de dependencia por cada cien personas económicamente productivas. Al desagregar la dependencia se encuentra que 38 de estas personas son niños y jóvenes menores de 15 años y 9 adultos mayores de 65 años.

Usme, con Ciudad Bolívar y Sumapaz presentan la mayor dependencia de niños y jóvenes menores de 15 años. Las localidades con mayor porcentaje de población infantil (0 a 4 años) son Ciudad Bolívar y Usme por encima del 10%. Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Bosa tienen porcentajes de niños superiores al 15%.  El tiempo promedio que dedica la madre al cuidado de los niños y niñas menores de 5 años es de 9 horas o más, especialmente los fines de semana. Estas localidades requerirían ser priorizadas en los servicios de cuidado infantil, y en consecuencia verificar la existencia de este servicio y la previsión de los mismos en los planes maestros de equipamiento. Según datos de SUIVD,[3] el 28 % de los menores vive con su madre (hogares con un único adulto). Asimismo si cruzamos este dato con las localidades donde hay mayor población infantil y el nivel socioeconómico de los hogares, posibilitará políticas más ajustadas de priorización de servicios.

Teusaquillo con Barrios Unidos presenta la mayor dependencia por ancianidad (14) seguidas por Chapinero (13), Antonio Nariño y Puente Aranda (12). En las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, Puente Aranda y La Candelaria habitan los mayores porcentajes de población de adultos mayores.

La ECVB (Encuesta de Calidad de Vida) discrimina la dependencia de niños y niñas por mujer, pero no la dependencia de personas mayores, o sea por ancianidad. En este sentido, seria importante indagar sobre las personas mayores dependientes por enfermedad o discapacidad que por lo general están a cargo de mujeres y que se suman a las horas de cuidado de menores.

La dependencia arriba señalada adquiere mayor relevancia cuando se cruzan dichos datos con la situación socioeconómica de la población y de las mujeres en particular. Los datos muestran las brechas  en la inserción ocupacional de las mujeres respecto de los varones. Asimismo, esto tiene un correlato con la menor disponibilidad de tiempos de las mujeres con hijos pequeños, por lo cual las acciones destinadas a la provisión de servicios de cuidado es relevante.

C. Cambios en la Composición de los Hogares.

Los indicadores demográficos dan cuenta de una transformación en la composición y estructura de los hogares en las últimas décadas. Se ha incrementado el número de hogares unipersonales y monoparentales. Son los hogares encabezados por mujeres los que más han crecido. En Bogotá, la  participación de los hogares monoparentales con jefatura femenina sobre el total de hogares, para octubre de 2003, representaba el 30.9%, con un incremento de 5 puntos porcentuales a partir de 2001 (DANE, PNUD, CCB). El 28.6% de estos hogares tiene 1 hijo, y el 35.7% 3 y 4, respectivamente (DANE).  La composición de los hogares, afecta de manera diferencial al hogar encabezado por hombres o por mujeres y esto implica evaluar las demandas específicas de dicha población tanto a nivel de la vivienda como de los servicios.

Las posibilidades de acceso a una vivienda, al pago de los servicios, se ve reducida en hogares a cargo de mujeres con trabajos menos remunerados o vinculadas al sector informal de la economía. Asimismo, al mismo tiempo que hay un aumento de hogares monoparentales de mujeres con hijos a cargo, o personas dependientes, aumentan los hogares unipersonales de adultas mayores. La pirámide poblacional de Bogotá evidencia que el 53% de la población son mujeres; la traducción en porcentajes de la estructura  poblacional de Bogotá, al 30 de junio de 2007, posibilita visualizar claramente que a mayor tramo de edad se incrementa sensiblemente la población de mujeres. Esto es de suma importancia al momento de pensar en políticas de salud, vivienda, cuidados, jubilación o sistemas de ingresos mínimos, teniendo en cuenta el mayor grado de vulnerabilidad de las mujeres adultas mayores. Nuevamente, la localización de la vivienda en relación al acceso a servicios y movilidad requiere de información fehaciente que de cuenta de la realidad poblacional y sus demandas. Asimismo, es un aspecto a tener en cuenta en las decisiones de renovación urbana de la Zona Centro. Sería necesario cruzar los datos del diagnóstico poblacional de la Zona Centro y sus características socioeconómicas para ajustar posibles propuestas habitacionales que tengan en cuenta esta franja etaria.

D. Las violencias hacia las mujeres y la inseguridad en la ciudad

Las violencias hacia las mujeres, tanto en los espacios privados como públicos, constituye una realidad comprobada a través de las estadísticas, a pesar de los bajos niveles de denuncia, que afecta el libre ejercicio de su ciudadanía. Sin embargo, estas violencias no se incluyen entre los delitos, ni son reconocidas en las políticas públicas, estrategias o proyectos de inversión vinculados a la seguridad ciudadana. Las violencias hacia las mujeres, como la violencia de pareja, la violencia sexual, maltrato, acoso sexual en instituciones, es una problemática multicausal, que se ejerce sobre las mujeres por el sólo hecho de serlo.  En este sentido, Weinstein (1991)[4] señala que la discriminación origina relaciones de subordinación y de dominio, en las que la violencia constituye una forma de ejercer poder que se expresa en la estructura social y se reproduce en la familia y en otros subsistemas sociales.

Asimismo, desde hace ya más de una década, la seguridad de las mujeres en las ciudades se ha convertido, desde la perspectiva de género, en uno de los temas claves del urbanismo. Diversos estudios, en diversas latitudes, mostraron como el temor, por miedo a la violencia, se convierte en limitación espacial y motivo de exclusión para las mujeres. El miedo a ser atacadas y violentadas las limita en el acceso al trabajo y el ocio, en tanto, para reducir riesgos, evitan salir a determinadas horas, o circular por determinados lugares. Esta realidad incidió en el surgimiento de iniciativas de los gobiernos vinculadas a las políticas de planeamiento para reducir la percepción de inseguridad, entendiendo que el diseño de los espacios puede contribuir a generar condiciones de mayor seguridad. Con base en encuestas a mujeres sobre la percepción de sitios inseguros, se han comenzado a transformar parámetros de diseño y mantenimiento de los espacios públicos. (Canadá, Reino Unido, entre otros)[5]

Las mujeres, en Bogotá, sufren distintos tipos de violencia, tanto en el ámbito privado como en el público: son robadas en mayor proporción que los varones a la salida del trabajo y en los días de semana; son acosadas, manoseadas e intimidadas en sus trayectos cotidianos y en el transporte público. De ahí que la oferta de servicios y su distribución en el territorio, requiera diseñarse con base en información actualizada y diferenciada por sexo, que responda a la demanda real de atención y prevención, así como de acceso a la justicia.  Por otra parte, el mismo diseño y mantenimiento del espacio público, su mobiliario y el transporte público,  pueden ser un factor de inclusión o exclusión, de seguridad o inseguridad para la población en general y las mujeres en particular. En este sentido es importante conocer, no sólo la violencia objetiva, sino la percepción de inseguridad y el temor, que tiene iguales consecuencias para la autonomía y apropiación de la ciudad por parte de las mujeres.

Concluyendo, esta problemática debe ser abordada desde el cuestionamiento y transformación de la cultura patriarcal, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y sus derechos ciudadanos y desde  políticas de seguridad interrelacionadas con la movilidad y el diseño incluyente del espacio público.

E. La Feminización de la pobreza

La feminización de la pobreza combina dos fenómenos moralmente inaceptables: pobreza y desigualdades basadas en el género. La feminización de la pobreza es el fenómeno que genera cambios en los niveles de pobreza con una marcada tendencia en contra de las mujeres y/o los hogares a cargo de mujeres.[6] En Bogota D.C. el fenómeno se agrava con la situación de las mujeres víctimas de desplazamiento forzoso. Existen desigualdades entre los sexos, en el acceso al mercado laboral, a los recursos productivos, a los activos generadores de ingresos, que limitan la autonomía económica y el acceso a la toma de decisiones principalmente de las mujeres. Reconocer y hacer explícitos estos factores dota de mayor profundidad al análisis de la pobreza y contribuye a encontrar políticas para enfrentarla.

Según el estudio de Saavedra Andrade (2008)[7]  “La incidencia de la pobreza en Bogotá se presenta fundamentalmente en los hogares con jefatura femenina. El 43% de los hogares pobres, con jefatura femenina tienen niños menores de 7 años. El 37.5% de las mujeres jefas de hogar son propietarias, en contraste con el 53% para los hogares con jefatura masculina y los ingresos familiares de las primeras son el 19% más bajos que en aquellos con jefaturas masculinas”.  la  participación de los Hogares monoparentales con jefatura femenina sobre el total de hogares, para octubre de 2003, representaba el 30.9%, con un incremento de 5 puntos porcentuales a partir de 2001 (DANE, PNUD, CCB). El 28.6% de estos hogares tiene 1 hijo, y el 35.7% 3 y 4, respectivamente (DANE).

Respecto a la estratificación socioeconómica: el grupo familiar tipo se ubica en la localidad de Ciudad Bolívar, donde predominan los estratos socioeconómicos 1 y 2. Tamaño del grupo familiar: se asume que está compuesto por 4 personas; la madre y 3 descendientes. Tiempo de residencia en la ciudad: descendientes de inmigrantes. Actividad económica: ventas ambulantes o estacionarias, con capital de trabajo. Tenencia de los inmuebles que habitan: el 63.5% de las mujeres jefes de hogar no son propietarias. Redes sociales: las redes sociales constituidas por personas amigas, vecinas, comerciantes del barrio donde residen o familiares, son una estrategia para la supervivencia. [8]

La peor situación en materia de servicios se localiza en Ciudad Bolívar, asimismo se encuentra un porcentaje importante  de hogares monoparentales con mujeres a cargo correspondientes a los estratos sociales más bajos y que no son propietarias de la vivienda. Estos datos orientan acerca de la localización y priorización de acciones. Cabe destacar que las localidades  de Ciudad Bolívar, Santa Fé, Usme y Sumapaz, son las localidades donde hay más hacinamiento y la demanda de vivienda y servicios es mas acuciante y coincide además con los mayores porcentajes de mujeres jefas de hogar en situación de pobreza y con empleos informales, esta información resulta clave para precisar la orientación de las políticas de Hábitat que debe ser diversificada con distintos tipos de intervenciones.

F. Discriminación de género en los ámbitos de participación ciudadana

Si asumimos la participación, como sostiene Di Licsia (2007), como el conjunto de acciones organizadas que buscan incidir sobre las decisiones, sobre los recursos, o imponer determinados cambios o asuntos en la agenda de una sociedad determinada,  podemos afirmar que en el caso de las mujeres la participación no es igualitaria con los hombres, no obstante los derechos políticos ganados. Como afirma la autora, la divisoria y las connotaciones de los espacios público/privado condicionaron, y agregaríamos, continúan impidiendo el ejercicio de la participación y de la democracia plena.

La Participación ciudadana de las mujeres se ve limitada por los mecanismos y reglas de juegos  establecidos, horarios, tipos de representatividad, priorización de temas, etc., definidos de acuerdo a las lógicas masculinas y también por la sobrecarga de trabajo que enfrentan las mujeres. Asimismo, en determinadas áreas, como la planificación de la ciudad, las mujeres han estado ausentes de las decisiones que condicionan su vida cotidiana. La participación ciudadana de las mujeres es una de las estrategias fundamentales a promover para lograr una ciudad equitativa e incluyente. Desde el gobierno local se deben garantizar los procedimientos y condiciones que garanticen la participación de las mujeres en las decisiones que conciernen a la organización del territorio y la definición de presupuestos y prioridades de inversión. Participación entendida en el sentido de las prácticas en las que puede incidirse y no donde la participación de las mujeres sea una mera presencia.

Si bien en algunos espacios de participación ha aumentado la participación de las mujeres, al pasar  del 28% a 32%  en las Juntas de Acción Comunal respecto al período 2004 – 2008, sin embargo sigue siendo baja, ya que no alcanza ni siquiera un 30%. De otra parte la representación de las mujeres en el Concejo de Bogotá  no presentó modificación, se mantuvo en el 20 %. 

Participación de Mujeres en Cargos de Elección Popular

	2004 - 2008	2008 – 2012
Concejo	20%	20%
JAL	20%	24,32%

En otras instancias también se presentan aumentos porcentuales en la participación de las mujeres, así:

INSTANCIAS	2004 – 2008	2008- 2012
Consejos locales de discapacidad	45,58	58,9%
Consultiva de comunidades Afro	30%	33.3%
Consejos Locales PH	No existía esta instancia	47,1 %
Consejos Locales de Juventud	41%	53,3%

Como se observa se presenta un aumento en la participación, lo cual es importante, pero es necesario analizar si en estas instancias se están posicionando o no las demandas específicas de las mujeres en su condición de ciudadanas.

En lo referente a la participación comunitaria de las mujeres hay que reconocer que éste ha sido un espacio básico para el ejercicio de la ciudadanía, para el aprendizaje de destrezas y de liderazgo político. Es significativo el aumento de la participación de las mujeres registrado en los cargos directivos en las Juntas de Acción Comunal.

Cargo	2005	2008
Presidenta	22,47 %	25,57
Vicepresidenta	24,95%	29,10%
Tesorera	40,98%	44,13%
Fiscal	22,11%	23,75%
Secretaria		79,07%

3. EVALUACIÓN: ANÁLISIS DE  CONTENIDOS DEL POT (DECRETO 190 DE 2004)

3.1 Comentarios a los Objetivos y al Marco General.

Los planteamientos comprendidos en los objetivos y el marco general del Plan,  si bien en términos de un análisis neutro en cuanto a las características poblacionales,  se pueden considerar positivos en sus alcances, en tanto los propósitos que persiguen son mejorar la “ seguridad alimentaria, facilitar y viabilizar las estrategias orientadas a garantizar, la seguridad ciudadana, la seguridad humana y la sostenibilidad ambiental de largo plazo” adoptando “ medidas tendientes a disminuir factores generadores de pobreza , exclusión social y desigualdad de la población”; dichos objetivos no tienen incorporado un enfoque de género que exprese propósitos hacia logros de  igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Si se retoman categorías básicas del PNUD que integran la seguridad humana, (la seguridad económica, alimentaria, de salud, personal, ambiental,  de la comunidad,  cultural y política), con conceptos como los de exclusión y segregación analizados desde un enfoque de género, pueden aportar a visibilizar las diferencias al interior de los sectores de población que luego se clasifican como excluidos o vulnerables y para quiénes es necesario priorizar políticas públicas.

En el marco de los hallazgos del análisis.

En relación a  la Seguridad Humana.

El Fondo de Población de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1994,  definió la seguridad humana de manera amplia como: ausencia de temor y ausencia de carencias y es caracterizada como la seguridad frente a amenazas crónicas tales como el hambre, la enfermedad y la represión, al igual que la protección contra interrupciones súbitas y dañinas en los patrones de la vida diaria, sean éstas en los hogares, en el trabajo o en las comunidades (PNUD, 1994). El Informe describió las cuatro características básicas de la seguridad humana: ser universales, interdependientes en sus componentes, centradas en las personas y mejor garantizadas mediante prevención.

Mientras el desarrollo humano es un concepto más amplio, que involucra un proceso de ampliación de la gama de opciones de la gente, para PNUD, la seguridad humana representa las garantías para que la gente pueda ejercer esas opciones con seguridad y libertad, y que pueda tener confianza en que las oportunidades que tiene hoy no se perderán mañana. Con el avance de la mundialización han surgido nuevas cuestiones relativas a la seguridad mundial, pero el marco conceptual de 1994 del PNUD, sigue siendo pertinente para analizar las cuestiones mundiales de hoy.

Cómo sostiene  Zeitlin- Mpoumou,[9] es esencial comprender el concepto de seguridad humana desde una perspectiva de género, para mejorar la seguridad humana de las mujeres de manera integral y holística. Eso significa que las metas y objetivos de igualdad entre los géneros deben incorporarse al enfoque de la seguridad humana. Estos temas se relacionan con la cuestión central de las diferencias entre la seguridad de las mujeres y la de los  hombres. Estas cuestiones no deben considerarse agregados o suplementos de las discusiones principales, sino que deben integrarse a la comprensión misma de lo que implica el enfoque de la seguridad humana.

De acuerdo al Informe Sobre Los Indicadores de Género de Exclusión Social, Marco Italiano,(2003),[10] la exclusión social, por su parte, hace referencia a formas de necesidad material y debilidad  social relacionadas no sólo con la pobreza y la destitución en términos económicos, sino también con vínculos familiares y sociales, vivienda, servicios de apoyo y de integración social, educación y formación, desempleo temporal y marginalización social. La exclusión social no aparece por azar; sus causas son estructurales. Desempleo, discriminación, crecimiento del empleo inseguro-inestable y del trabajo mal remunerado, un sistema de prestaciones inadecuado y en ocasiones punitivo, y políticas de gobierno que crean y sostienen la pobreza y la exclusión social. Además, muchos de sus efectos, como la enfermedad, el no tener vivienda, el no acceso a servicios y la movilidad, crean sucesivamente situaciones que atrapan a las personas en la pobreza.[11]

El mismo estudio señala que los factores de desigualdad pueden ser:

– Objetivos y subjetivos como la edad, género, logro educativo, ingresos, en relación  con  la búsqueda de empleo.

Territoriales, como la segregación social y espacial, el no acceso a la vivienda, los servicios y la movilidad, ya que  las circunstancias locales pueden facilitar o frenar la inclusión social.

Es así que las circunstancias que determinan la exclusión de hombres y mujeres son diferentes y están circunscritas a los roles sociales. Para un hombre, la pérdida del trabajo puede conducirlo a una situación de marginalización social, económica y humana, en tanto que las mujeres,  dado que tienen dobles roles sociales, el determinado por el mercado de trabajo y el rol de madres y cuidadoras de personas dependientes, están sujetas a mayores factores de exclusión. Es así que la falta de servicios públicos y equipamientos para la atención de las personas dependientes las afecta directamente,  y no sólo a las mujeres en riesgo de convertirse en marginales. Por lo general, los grupos más vulnerables son los que acceden de manera desigual al mercado de trabajo y a los servicios y equipamientos sociales.

Los grupos más vulnerables a la pobreza y la exclusión son[12]:

• Mujeres que, principalmente, aún deben asumir la responsabilidad mayor de la casa y de la familia.

• Personas desempleadas y mal remuneradas.

• Familias monoparentales, la mayoría de ellas son mujeres. 

• Familias rurales con un bajo índice de ingresos y acceso pobre a los servicios públicos.

• Personas de entre 16 y 17 años que no tienen ni trabajo, ni una formación, ni beneficios.

• Personas minusválidas o familias con un hijo minusválido. Los costes adicionales de minusvalía y el acceso limitado a los mercados de trabajo hacen a este grupo de personas particularmente susceptible a la pobreza.

• Minorías étnicas que poseen tasas mucho más altas de desempleo y están desproporcionadamente mal remunerados.

• Familias con hijos. Los hijos aumentan los gastos mínimos indispensables, y aún más cuando un miembro de la familia (normalmente la madre) deja de trabajar para cuidarlos.

• Pensionados, que dependen de los beneficios del Estado o de pequeños beneficios ocupacionales. En este rango es necesario agregar que  las mujeres son el mayor porcentaje ubicado en la franja etaria de mayor edad, con requerimientos de atención de salud en aumento. 
• Mujeres desplazadas: Sujetas a una doble barrera de discriminación basada en su sexo, y en su estatus de desplazadas agravada inclusive por aspectos de raza o etnia.
• Mujeres víctimas de violencias.
• Mujeres violentadas durante los conflictos armados.

La intención expresada en el POT de producir cambios que conduzcan a la disminución de la segregación que caracteriza a Bogotá, es otro fenómeno que es necesario tener en cuenta  a la hora de precisar los aspectos a considerar para que los objetivos del POT incorporen las especificidades de género. Según el estudio Segregación económica en el espacio urbano de Bogotá DC, [13] la segregación se entiende como diferencias al interior de grupos y entre grupos y se mide  integrando  los elementos socioeconómicos con los geográficos que dan cuenta de las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. Se constata que Bogotá es una ciudad segregada, sin mezcla entre sectores ricos y pobres lo que aporta a la generación de espacios excluyentes, condición que es “elevada, secular y tiende a reproducirse”.

La gestión del suelo  ha estimulado la separación entre ricos y pobres, a pesar de que  diversos estudios afirman que la interacción socio económica tiene efectos positivos hacia la inclusión, la democracia  y la seguridad ciudadana. La segregación tiene una expresión clara en la espacialidad, donde viven unos y otros, cual es el acceso a servicios y equipamientos, qué niveles de integración  en los usos de la ciudad existen. La percepción de inseguridad ciudadana, que afecta más  a mujeres que a hombres, está entre otros factores  motivada por la segregación y la exclusión en el uso de los espacios públicos: desconfianzas entre unos y otros, estigmatización, etc.

Se afirma también en el estudio citado precedentemente[14], que la inequidad (social) tiene que ver con la desigualdad socioeconómica, independientemente de la ubicación espacial, pero si se vincula con la dimensión espacial ésta se acerca al concepto de segregación y que la política pública puede contribuir a reducir inequidades, desigualdad, exclusión y la segregación, actuando sobre cada uno de sus componentes: i) el nivel socio económico,. ii). La ubicación espacial y iii) el acceso a bienes y servicios. Componentes relacionados con el acceso a los equipamientos,  el espacio urbano y a una mejor distribución del ingreso en la ciudad. 

Como conclusión de esta primera parte referida a los Objetivos y al Marco General del POT, se puede señalar que identificar la complejidad de la  realidad social, desde el enfoque de género, permite orientar acciones coherentes con los objetivos planteados en el POT en relación a la equidad y la seguridad humana, al mismo tiempo que hace más eficiente el uso del presupuesto público al identificar con mayor precisión las demandas poblacionales.

Para garantizar  de manera efectiva la seguridad ciudadana, la seguridad humana y la sostenibilidad económica y ambiental de largo plazo, en el DC y la región,  el estudio Segregación socioeconómica en el espacio urbano de Bogotá(2007), afirma que es necesario actuar sobre el nivel socio económico, la ubicación espacial y el acceso a bienes y servicios. Desde un enfoque de equidad de género, entonces, esto implica definir políticas, estrategias y programas orientados por una parte a disminuir los factores que incrementan la pobreza en las mujeres (jefas de hogar monoparentales con personas a cargo, mujeres desplazadas, mujeres victimas de violencia y en general mujeres vinculadas al empleo informal), a garantizar el acceso a la tenencia segura de la vivienda,  a  equipamientos de cuidado infantil y de personas dependientes y a la provisión de espacios públicos y transporte accesibles y seguros.

Así mismo, es necesario que como uno de los resultados  de la actual revisión, el enfoque de género quede incorporado de manera explícita  en los objetivos del POT, ya que  la no mención del mismo, invisibiliza nuevamente la  necesaria

inclusión en las políticas, planes y proyectos.

3.2. Áreas de actuación estratégica en el marco de una agenda regional.

Desde un análisis  de género se puede señalar que las nueve (9) áreas de actuación son pertinentes para mejorar y facilitar condiciones de vida de las mujeres en la medida que se cuente con información que permita conocer  sus problemáticas específicas y se actúe en consecuencia.

Las actuaciones prioritarias deben apostar a la superación de los obstáculos que limitan el acceso de las mujeres al trabajo en condiciones de equidad, mediante servicios y equipamientos que reduzcan sus sobrecargas  de responsabilidades,  sistemas intermodales de transporte que les permitan ahorrar tiempo y recursos en condiciones seguras, acceso a  un hábitat digno y seguro y a un ambiente saludable.

Sin embargo, es importante hacer énfasis en la necesidad de contar con sistemas de información con enfoque de género, por lo que se resalta como  una de las áreas de actuación estratégicas prioritarias definidas en el POT  el Sistema de Información para la región.

El Sistema de Información para la Región y el Distrito Capital, debe desarrollar herramientas que apoyen la toma de decisiones, y un primer nivel fundamental de avance en este sentido es conocer cómo está conformada la población y cuáles son sus necesidades específicas. Esto implica reformular algunas de las categorías de análisis utilizadas para recabar dicha información, y  que justifican los  diagnósticos en los que debieran basarse las políticas, programas y proyectos.  Ej: Encuesta de Calidad de Vida, estudios sectoriales específicos que sustentan el POT y Planes Maestros, considerando que si bien la  Encuesta de Calidad de Vida de  la Secretaría Distrital de Planeación de  Bogotá contiene información desagregada por sexo, ésta no es interpretada en los análisis y conclusiones que llevan a revisar y redefinir las políticas.

Por ejemplo, para implementar  los objetivos Construcción Compartida de la región Bogotá – Cundinamarca,  es fundamental contar con información que permita: Identificar condiciones laborales de las mujeres en la región y nivel de oportunidades u obstáculos para su incorporación a la micro producción agrícola y a la producción agroindustrial, a los sistemas de  comercialización y la disminución de riegos laborales y ambientales en el trabajo en zonas rurales y urbanas en la región. Contar a su vez con datos de mujeres que se desplazan a Bogotá y a la región diariamente, horarios y tipo de actividad que desempeñan,  condiciones de traslados, seguridad y horarios del transporte. Situación de la vivienda midiendo déficits cuantitativos y cualitativos frente a riesgos de desastres, entre otras variables, que es necesario precisar en relación  a niveles de educación, pobreza, ingresos, acceso a equipamientos etc.

3.3   Políticas.

3.3.1 Políticas de Hábitat y Seguridad Humana. (art.9)

Competir con la oferta de vivienda ilegal como propone la Política de Hábitat, implica desarrollar estrategias diversificadas que den respuesta a los distintos arreglos familiares, familias monoparentales a cargo de mujeres, familias extensas, hogares unipersonales, como también a las distintas posibilidades de generación de ingresos. Esto implica la implementación de programas contra la indigencia y la pobreza, y ofertas diferenciadas de acceso a la tenencia segura de la vivienda:  subsidios para vivienda en arriendo, mejoramiento barrial y de  la vivienda, recuperación y redensificación de edificación localizada en zonas centrales o intermedias, con destino a hogares  monoparentales con hijos pequeños y/o personas mayores, que privilegien la cercanía a servicios, ampliación de subsidios para hogares con ingresos informales que minimice la dependencia del crédito bancario, entre otras. 

La política de Hábitat requiere, además, articularse con políticas de superación de pobreza, ya que el acceso  a la vivienda y al hábitat está directamente relacionado con ingresos y capacidad de pago familiares. No obstante, el concepto de vivienda digno debe desligarse de la capacidad de pago de las personas.

El tema de vivienda y hábitat es particularmente sensible para las mujeres, ya que son ellas, fundamentalmente, las que realizan en el contexto familiar las principales funciones que tienen lugar en la vivienda y su entorno, vinculadas a la reproducción y al cuidado y recuperación de la fuerza de trabajo: protección y cobijo, alimentación e higiene, educación y socialización, además de la construcción de redes sociales en el contexto barrial. Funciones que se ven facilitadas o dificultadas dependiendo de las posibilidades de acceso a servicios públicos y sociales de cuidado infantil, educación y salud entre otros y dependiendo de la seguridad de la tenencia y la calidad espacial y ambiental de la  vivienda.

Sin embargo, con base en el análisis de la información de distintas fuentes que a continuación se presentan, se constata que las mujeres, especialmente las más pobres,  se enfrentan a una serie de limitaciones para el acceso a una vivienda y hábitat dignos. 

Como ya señaláramos en la Línea Base, punto E). Feminización de la pobreza “La incidencia de la pobreza en Bogotá se presenta fundamentalmente en los hogares con jefatura femenina. El 43% de los hogares pobres, con jefatura femenina tienen niños menores de 7 años. El 37.5% de las mujeres jefas de hogar son propietarias, en contraste con el 53% para los hogares con jefatura masculina y  los ingresos familiares de las primeras son el 19% más bajos que en aquellos con jefaturas masculinas”[15]

Asimismo encontramos un porcentaje importante  de hogares monoparentales con mujeres a cargo correspondientes a los estratos sociales más bajos y que no son propietarias de la vivienda. En relación a la calidad de la vivienda la peor situación es la de Barrios Unidos.[16]  Según SUIVD[17], En entrevistas en Tunjuelito se destaca el papel de la mujer, cabeza de familia que no tiene donde irse, y no tiene cómo pagar una pieza. También, la mujer cabeza de familia que es arrendadora, pero no le pagan el arrendamiento, los inquilinos se instalan en la pieza, consumen servicios pero no cancelan, y a partir de allí vienen una cadena de enfrentamientos verbales que desemboca en violencia física. En estos casos, generalmente, el marido es mantenido o se trata de mujeres sin maridos. La mujer está sola con sus hijos.

Asimismo, es una problemática  a considerar, la violencia asociada a la vivienda. Estudios del  SUIVD expresan que: en el contexto de las violaciones y abusos en la vivienda, protagonizada por conocidos, principalmente familiares, sobresale: bajos niveles económicos, altos niveles de hacinamiento, inquilinatos.

La necesidad de mejorar la vivienda o localización, es el principal motivo de cambio de lugar de residencia seguido por razones familiares y problemas económicos. Otros motivos como el riesgo de desastre natural, problemas de violencia o necesidades de educación son más frecuentes en localidades como Ciudad Bolívar, Sumapaz y La Candelaria. Las localidades donde se presenta el mayor desplazamiento, por motivos de vivienda, al interior de la misma localidad son San Cristóbal, Sumapaz y Usme, y que a su vez son las que presentan el porcentaje más alto de cambio por problemas para pagar el arriendo o la cuota de amortización, sugiriendo que los bajos niveles de ingresos repercute en una alta movilidad de vivienda. Hogares con hacinamiento crítico coincide con las localidades mas afectadas: Sumapaz: 8,2%; Ciudad Bolívar: 7,6%; Santa Fé: 5,2%; Usme: 4,6%.

El análisis de las localidades muestra que los mayores porcentajes de movilización ocurren en Engativá, donde los principales motivos para desplazarse son el “mejoramiento de la vivienda o su localización” y “razones familiares”. Asimismo en esta localidad los hogares con jefatura mujer es del 39% y de jefas mujer sin conyugue es del 30.8% (25.000 hogares), y el 10% con hijos menores de 18 años. La segunda localidad con mayor porcentaje de personas que han cambiado su sitio de  residencia es Kennedy, donde las causas principales son las mismas que en el caso anterior. Una de las localidades con menores tasas de movilización es Barrios Unidos donde a su vez se destaca por el peor desempeño en relación a calidad de la vivienda.

Se recomiendan estudios específicos respecto a la composición de los hogares en relación  específicamente a movilidad por razones de vivienda y a  la calidad de la misma.

La cantidad de viviendas deshabitadas en determinadas localidades: Chapinero: 468, Teusaquillo: 238, Barrios Unidos: 173, La Candelaria: 172, Santa Fé: 172, Suba: 170, Usaquen: 143, Antonio Nariño: 130, San Cristóbal: 112, Fontibón: 118, Engativa: 109, Kennedy: 97, Tuinjuelito: 95, Usme: 76, Bosa: 55.

Cabe destacar que las localidades  de Ciudad Bolivar, Santa Fé, Usme y Sumapaz, son las localidades donde hay más hacinamiento y la demanda de vivienda y servicios es mas acuciante y coincide además con los mayores porcentajes de mujeres jefas de hogar en situación de pobreza y con empleos informales, esta información resulta clave para precisar la orientación de las políticas de Hábitat que debe ser diversificada con distintos tipos de intervenciones.

La política de Hábitat del POT referida a generar una competencia hacia la oferta ilegal, contrasta por lo tanto, con la política nacional de vivienda y hábitat para compra de vivienda nueva, centrada principalmente en familias vinculadas al empleo formal, en la medida que se basa en una fórmula financiera que reúne, cuota inicial (10% como mínimo), subsidio estatal o distrital (40 % para la vivienda prioritaria) y crédito bancario. Esta fórmula deja por fuera del acceso a la vivienda al mayor porcentaje de familias vinculadas al empleo informal que en Bogotá representa a un 60% de la población, de la que un 60% son mujeres.

3.3.2 Política de Movilidad (art. 10)

Las políticas de movilidad deben estar orientadas no sólo a la eficiencia de los mercados sino que deben procurar  facilitar las actividades de la vida cotidiana de las personas realizando una interconexión adecuada en distancias, tiempos y costos desde los niveles  locales a los niveles regionales de acuerdo a la demanda. Asimismo las políticas de movilidad  deben ser a su vez, resultante de la interacción  con otras políticas de usos de suelo que relacionen de manera eficiente las zonas de  producción, vivienda y servicios.  Asimismo, el sistema de movilidad debe garantizar la seguridad de las personas y las mujeres en particular, tanto  en su integridad personal como en la prevención de accidentes, en todos sus componentes, paraderos, redes peatonales  y viales y el propio transporte público.

El estudio del PNUD, El futuro de la movilidad de Bogotá, cuadernos del informe de desarrollo humano, 2006,[18] se afirma que “entre el ingreso y movilidad hay una clara interacción. El ingreso condiciona la capacidad de movilidad pero la movilidad condiciona a su vez el ingreso… El pobre puede perder oportunidades laborales porque no tiene el dinero suficiente para transportarse de un sitio  a otro… sin movilidad no es posible ampliar el espacio de las capacidades, inmovilidad es sinónimo de exclusión”.

Distintos estudios confirman la dependencia de los sectores sociales mas bajos del uso del transporte público masivo como medio de movilidad en la ciudad y si a esto sumamos que las mujeres son las que más utilizan el transporte público, la necesidad de incorporar el enfoque de género al modelo de movilidad es indispensable. Los datos reportan que el 68% de la población no tiene vehículo particular y que muchos se desplazan en bicicleta y a pie. Son las mujeres las que se encuentran comprendidas en esta última alternativa.

Desde un enfoque de género, el primer señalamiento a realizar es que el desconocimiento sobre el patrón de movilidad de las mujeres de Bogotá, población que constituye el 52 % de la misma, no permitiría cumplir con la premisa de entender la demanda para organizar de forma eficiente la oferta. Es necesario comenzar a cubrir este vacío con estudios específicos que den cuenta de la misma para evitar posibles factores de desigualdad y exclusión.

Si bien la Encuesta de Calidad de Vida 2005 citada en el estudio del PNUD (pié de página), identificó las personas entrevistadas según sexo, las conclusiones resultantes no dieron cuenta de las diferencias en los patrones de movilidad. De igual manera,  la encuesta Como avanza el distrito en Movilidad, 2007[19], realizada a la ciudadanía por la Veeduría Distrital, entrevistó a mujeres y varones, sin embargo los resultados finales aparecen agregados no diferenciando en general, las demandas específicas de varones y mujeres, sobre la movilidad en la ciudad.

3.3.3 Políticas de Dotación de equipamientos (art.11)

Se propone abordar la dotación de equipamientos, particularmente los de bienestar social,   desde una óptica diferente a la meramente asistencial que esta dirigida exclusivamente a los sectores más vulnerables. 

Una política de equipamientos con enfoque de género debe estar centrada, en el  reconocimiento de la división sexual del trabajo como obstáculo para la igualdad de oportunidades para las mujeres, en la que la maternidad y el cuidado de niños y niñas y de personas dependientes  debe ser asumida como una  responsabilidad social. 

En este sentido, se debe garantizar la distribución equitativa de servicios de proximidad en el territorio: cuidado infantil  y de personas discapacitadas y mayores dependientes,  comedores y centros de apoyo escolar y vacacional. Asimismo, considerar la vinculación de los centros educativos, servicios de salud,  cuidado de niños y niñas y los equipamientos de seguridad ciudadana, con las rutas de transporte público.

Esto requiere de estudios específicos de la demanda en la ciudad, tipos y funciones de nuevos equipamientos y la identificación de posibles fuentes de recursos y articulación con otras Secretarias, para garantizar la dotación de dichos equipamientos que apoyen la incorporación de las mujeres al empleo. Al mismo tiempo, definir metas progresivas que prioricen los estratos más carenciados, avanzando sucesivamente hacia un cubrimiento más amplio de oferta que pueda cubrir  otros estratos sociales.

Entre los nuevos equipamientos es necesario considerar los  concernientes a la atención y prevención  de las violencias de género hacia  las mujeres en la ciudad, que requiere también una nueva concepción en su tratamiento y en la respuesta a través de servicios especializados.

Otro aspecto a considerar es el de la población con limitaciones físicas permanentes, que en Bogotá asciende a un 3%. Se trata de población con limitaciones o impedimentos para la movilidad de manera libre e independiente.

En este mismo sentido, cabe destacar que los últimos gobiernos distritales[20]  han implementado algunos nuevos equipamientos que apoyan el avance en la equidad entre hombres y mujeres entre los que podemos mencionar: las Casas de Igualdad de Oportunidades, casas refugio para mujeres maltratadas, casas respiro para cuidadoras de personas discapacitadas, centros comunitarios y comedores que es necesario incorporar a la red de equipamientos del POT.

3.3.4 Política de espacio público (art. 13).

La relación de las mujeres con el espacio público aparece mediada por distintos factores, el recurso tiempo, la seguridad para transitar y permanecer en los espacios, y las condicionantes sociales y culturales que le asignan o inhiben determinados comportamientos. Asimismo, a estas mediaciones que responden a su condición de género es necesario sumar condicionantes compartidas por otros colectivos sociales como la edad, o discapacidades físicas. 

Distintos estudios señalan las diferencias en los modelos internalizados en varones y mujeres referidos a su ubicación en el espacio público. La dimensión política del espacio público tiene su correlato con la dimensión  físico espacial que se manifiesta en las opiniones y percepciones acerca de la autorización de presencias/ausencias en el espacio público para unos y otras Estereotipos de género que están en la base de las percepciones que aún hoy prevalecen, aunque se manifiesten de distinto modo (la mujer en el espacio de la casa y el varón en la calle), y de las actividades posibles de realizar en el espacio público, asignadas desde los valores predominantes a uno y otro sexo. (Rainero/Rodigou, 2004)[21]

El equipamiento y mobiliario urbano de los espacios públicos es un factor que estimula o inhibe determinadas prácticas. Espacios sin infraestructura o mobiliario urbano no estimulan el uso y generan espacios deshabitados; por otra parte espacios con ciertos equipamientos, como por ejemplo, asientos,  juegos, senderos peatonales, lugares arborizados, instalaciones deportivas, y  resueltos con calidad estética y funcional estimulan el tránsito y permanencia,  y facilitan las interacciones entre las personas. Sin embargo, se ha observado que la lógica del equipamiento o mobiliario urbano descuida las demandas de la diversidad de población que potencialmente los utiliza y responde a  patrones genéricos. (ej. de esto son las instalaciones para deportes masculinos priorizadas sobre otras infraestructuras posibles).

Otro factor relevante asociado al espacio público es el temor y la inseguridad que experimentan las mujeres basado en datos objetivos y subjetivos de los que dimos cuenta a las violencias de género en la Línea de Base punto D. Como bien señala Bofill (2008)[22],  las mujeres deben negociar día a día la apropiación del espacio público particularmente por la inseguridad que les representa. Si bien las personas deben tener la libertad de poder transitar la trama urbana a cualquier hora del día y de la noche, factores como la falta de alumbrado y las dificultades en la accesibilidad pueden hacer que un espacio público resulte poco placentero, poco  atractivo y poco seguro para una parte de las personas, sobre todo para las mujeres.

Se propone que la política de espacio publico considere explícitamente la equidad en el uso del espacio público no solo desde el punto de vista social sino también de género, previendo los estudios específicos que den cuenta de los obstáculos para el uso y apropiación del espacio público por parte de las mujeres, los equipamientos y mobiliario urbano necesarios, actividades culturales que promuevan la convivencia y uso mixto de los espacios y contemple la seguridad de los mismos a través del diseño y servicios de apoyo específicos para la prevención de delitos y violencias de género.  

3.3.5  Políticas de Información para la planeación y el ordenamiento (art.14)

Es importante contar con la implementación de una política de información para la planeación y el ordenamiento desde un enfoque de género, que permita tomar decisiones efectivas de largo plazo, para el mejoramiento de las condiciones de vida, de manera equitativa para hombres y mujeres desde sus diversas situaciones específicas (etáreas, físicas, étnicas, sociales, sexuales).

En el Sistema de Información para la Región y el Distrito Capital  que establece el POT, debe por lo tanto, estructurarse y definirse de manera obligatoria la desagregación de datos por sexo y el  análisis con enfoque de género de la información estadística que luego debe sustentar la definición de políticas públicas. Esto implica reformular algunas de las categorías de análisis utilizadas para recabar la información (trabajo/no trabajo; jefe de hogar, entre otros), y  que justifican los  diagnósticos en los que deben basarse las políticas, programas y proyectos. Desagregar la información por sexo y analizar e interpretar la misma desde un enfoque de género   Ej: Encuesta de Calidad de Vida, estudios sectoriales específicos que sustentan el POT y Planes Maestros.

3.3.6 Políticas nuevas en el Distrito

Posterior al 2003, el Distrito Capital formuló políticas relacionadas con la equidad de género que deben ser incorporadas en el POT, son ellas: El Acuerdo 091 de 2003 mediante el cuál se formula el Plan de igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género. Posteriormente en el año 2007 mediante el Decreto 708 se formula la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBT.

3.4   Estrategias:

Se abordan las tres estructuras propuestas para el ordenamiento territorial buscando identificar, para cada uno de los componentes que las integran, los aspectos más relevantes desde un enfoque de género y la información requerida que debiera sustentar las estructuras propuestas.

3.4.1 Estructura ecológica principal

Desde el enfoque de género, la recuperación  y protección de los recursos ambientales como el Río Bogotá, las cuencas, humedales y  ecosistema rural del Distrito y la Región aporta a la sostenibilidad de la vida misma en relación a mejores condiciones de salud  y a la mitigación de los riesgos de desastres naturales, que tienen un fuerte impacto en las mujeres, niñas y niños que viven y permanecen mayor tiempo en las zonas afectadas por deterioro ambiental.

Los problemas derivados del manejo de los residuos sólidos como el vertedero de Doña Juana, por ejemplo, se han venido agravando para la población que vive en sus alrededores.

Asimismo y de acuerdo a lo expresado por las mujeres de los barrios, los humedales y zonas de rondas que han sido recuperados en la ciudad, caen rápidamente en nuevos ciclos de deterioro debido a que no cuentan con condiciones seguras para su aprovechamiento con usos recreativos y pedagógicos y son generalmente invadidos por habitantes de la calle.[23]

No es posible separar el tema ambiental de las personas que habitan una región y de los impactos que su manejo causan en la población y particularmente en las mujeres, las niñas y los niños.  Las estrategias, los programas y proyectos de inversión deben fortalecer de manera efectiva la protección y recuperación del medio ambiente: Río Bogotá, cuencas, humedales, ecosistema rural teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Se requiere la medición de impactos ambientales sobre la  población por género y condiciones de vulnerabilidad.

• Garantizar la calidad y seguridad ambiental con el manejo técnico eficiente de sistemas de disposición de basuras en la ciudad minimizando riesgos de salud para las mujeres, niñas y niños que habitan barrios colindantes. 

• La situación que enfrentan hoy en día ciudades como Bogotá frente al cambio climático, obliga a complementar la construcción de mapas de riesgos a partir de  sistemas de información con enfoque de género, que permita visualizar impactos específicos en la población y también potencialidades para la superación de los mismos.

• Establecer  en el POT políticas y programas prioritarios hacia un sistema de prevención y atención de desastres y emergencias en la ciudad que permita a partir de la etapa de prevención, disponer  de información y formación general y también, un tratamiento diferencial entre mujeres y hombres teniendo en cuenta las exclusiones sociales, culturales, económicas, políticas, etáreas y étnicas” [24] Saavedra (2008).

• Desarrollo de acciones educativas en torno a la prevención de desastres naturales e implementación de equipamientos de prevención y atención de desastres.

• Vinculación del manejo y protección de recursos naturales con Plan Maestro de Espacio Público y  Plan Maestro de Seguridad, que permita la preservación y el uso recreativo pedagógico y en condiciones seguras de los humedales y corredores ambientales por parte de mujeres, niños (as) y personas discapacitadas.  Implementación de un sistema de administración de los mismos que vinculen a los colectivos sociales  de los alrededores, colegios  y mujeres principalmente hacia el aprovechamiento de este recurso.

3.4.2 La estructura funcional de servicios

Las funciones en áreas residenciales y centralidades están directamente relacionadas con el quehacer de las mujeres en las ciudades: actividades en la vivienda y su entorno a partir de las tareas domésticas y cuidado de personas dependientes, actividades comunitarias para el mejoramiento barrial y el cuidado de la salud, en el traslado de niños y la realización de compras y trámites y en las actividades laborales. En consecuencia la provisión y el adecuado funcionamiento de servicios públicos, los equipamientos y la movilidad  facilitan u obstaculizan la vida cotidiana de las personas y en particular de las mujeres. 

En este contexto, la movilidad cumple una función crucial en la ampliación o disminución de oportunidades para las mujeres. Los tiempos de recorridos y espera,  costos y seguridad en la movilidad inciden directamente en las múltiples funciones que cumplen las mujeres en la ciudad.

Es necesario que  dentro de la Estructura funcional y se servicios los equipamientos de bienestar social, educación y salud tengan componentes más definidos hacia la compatibilización de la vida familiar y la laboral mediante la incorporación y fortalecimiento de una red de equipamientos locales, cercanos a la vivienda y que socialicen el cuidado de las personas (niñas, niños, personas mayores, discapacitadas), actualmente a cargo fundamentalmente de mujeres (economía del cuidado), y que permitan a éstas liberar tiempo productivo y para el descanso.

Asimismo debe priorizarse el acceso a los mismos de los estratos 1, 2 y 3, que son los más afectados por la dependencia con el transporte público y menores ingresos.

Los altos niveles de dependencia por edad (47 personas en edad de dependencia por cada cien personas económicamente productivas, de las cuales 38 son menores) que encontramos en las distintas localidades de Bogotá, con base en la Encuesta de Calidad de Vida – 2007, arrojan luz sobre la necesidad de considerar los tiempos de cuidado y que debieran traducirse en servicios y equipamientos específicos distribuidos de forma equitativa en las distintas zonas de la ciudad, con horarios de funcionamiento y localizaciones accesibles.

Es necesario sistematizar la información disponible en las entidades responsables del equipamiento  urbano, que permita analizar la distribución en el territorio de los servicios de cuidado infantil, la accesibilidad a los mismos, el servicio que prestan, la población que atienden, focalizado específicamente en las localidades con mayor índice de dependencia por puerilidad y sector socio económico.

Se requiere profundizar diagnósticos y análisis de la demanda de posibles servicios y equipamientos específicos para los grupos etarios de mayor edad, en relación a servicios requeridos según localidades y sector socio económico.

Situación que debe tenerse en cuenta principalmente en las decisiones de renovación urbana de la Zona Centro. Las personas adultas mayores son por lo general mujeres solas, son sujetas de políticas específicas de vivienda, atención en salud, etc.

La propuesta de distribución del equipamiento  en el territorio según los objetivos del POT (promover centralidades) debe ser evaluada atendiendo a estas especificidades y garantizando los criterios de accesibilidad y cercanía de los servicios a la población, teniendo en cuenta la distribución territorial de la demanda, para priorizar proyectos.

Es necesario profundizar estudios sobre la utilización del transporte público por parte de los colectivos poblacionales que conforman la ciudad haciendo una clara diferenciación de género que pueda determinar las demandas a ser tenidas en cuenta  por el Plan Maestro de Movilidad en cuanto a  cobertura interbarrial, rutas peatonales seguras, diseños del espacio público que contemplen la  movilidad de las personas adultas con niños, de personas mayores y/o con discapacidades etc. 

3.4.3 La estructura socio - económica y espacial

Garantizar el desarrollo económico de todos los habitantes del D.C y de la región implica necesariamente conocer como está distribuida la PEA en el territorio, dónde y en que tipo de actividades se ubican hombres y mujeres, cuales son los obstáculos  o limitaciones dados por factores de seguridad, movilidad o recargo de tareas domésticas o cuidado de personas dependientes que enfrentan las mujeres para vincularse o permanecer en la esfera productiva, qué tipo de apoyos y de dotación de servicios y equipamientos  se requieren para garantizar condiciones de seguridad y la ampliación de oportunidades.

El empleo femenino se ha consolidado principalmente en la rama de servicios (42%) y en el comercio (14%). En el sector informal se ocupa el 70% de la población subempleada siendo igual la proporción para hombres y mujeres. Dentro de este sector son trabajadores por cuenta propia el 55% de las mujeres y el 56% de los hombres. [25] De acuerdo a datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE 2007), la mayor parte de las mujeres que integran la  PEA femenina y que trabajan, son obreras o empleadas de empresas particulares  DANE. ECHA. 2007

La Candelaria, Teusaquillo y Engativá en su orden constrituyen las localidades que presentan los niveles más altos de jefatura de hogar femenina de la ciudad, los cuáles llegan a los niveles de 40.3%, 39.2 % y 39% de hogares con jefatura femenina.

Localidades con mayores brechas de género  en cuanto a participación laboral son:  Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. Les siguen Usme, Rafel Uribe y SanCristóbal.

Por otra parte esto contrasta que en Teusaquillo y Usaquén las mujeres tienen mayores niveles de estudio que los varones, pero las tasas de participación en el mercado laboral son 20 puntos inferiores que los hombres[26].

Es necesario identificar la participación de mujeres en actividades productivas ubicadas en las centralidades, con el fin de garantizar accesibilidad, seguridad y cercanía a equipamientos de cuidado.

Construir mapas que den cuenta del empleo ligado a la vivienda (vivienda productiva), que en Bogotá tiene una magnitud importante de generación de ingresos por lo general en cabeza de mujeres. 

Distribución equitativa de equipamientos de responsabilidad social para la economía del cuidado a diferentes escalas que permitan aplicar criterios como el de equidistancia, esto es distancias mínimas y máximas entre los lugares donde viven las personas, las zonas donde se realizan  actividades cotidianas como trabajo y estudio con el acceso  a los servicios sociales.

Posibilitar una movilidad  eficiente y segura entre la región y el distrito capital y redes de equipamientos de cuidado de personas dependientes, para facilitar el acceso de las mujeres a las fuentes de empleo.

Priorizar la localización de equipamientos de cuidado de niños y niñas y personas dependientes y de seguridad, en sitios cercanos a  terminales de buses, trasmilenio, metro y tren de cercanías vinculados a centralidades.

Establecer una red de centros de capacitación y formación para el trabajo que cuenten con equipamientos para el cuidado de niños y niñas y personas dependientes y priorizar la localización de los mismos en sitios dónde las mujeres presenten  carencias educativas y en centralidades.

3.5   Programas Prioritarios:

 3.5.1 Aumento del Índice de Seguridad Humana.

Las principales amenazas a la seguridad humana se vinculan a una serie de circunstancias entre las que se destacan la debilidad de la democracia, el aumento de la pobreza y la inequidad y, en forma creciente, la violencia urbana y la criminalidad.

Estos aspectos si bien en términos generales están contemplados en el programa, es necesario precisar los compromisos con la equidad de género y priorizar programas y subprogramas que hagan énfasis en aspectos específicos que son más sensibles para las mujeres en relación a su seguridad desde el punto de vista de género como son:  acceso al empleo formal, la salud,  la seguridad en la tenencia de la vivienda, el acceso a equipamientos y servicios de proximidad, la seguridad ciudadana frente a las violencias de género en el espacio privado y público, y la seguridad ambiental.

Un aspecto fundamental para tomar decisiones y priorizar inversiones, que sean incluyentes y promuevan la equidad, es conocer la situación específica de los distintos colectivos sociales diferenciados por género, teniendo  en cuenta necesidades y los posibles impactos  que pueden generar las intervenciones en el territorio.

Los programas prioritarios deben explicitar un enfoque de equidad de género.

A los ocho subprogramas priorizados es necesario agregar uno que establezca  la necesidad de realizar ajustes al Plan Maestro de Seguridad, que incluyan el tratamiento específico a las violencias de género.

Vincular la seguridad ciudadana al Plan Maestro de Espacio Público y al Plan Maestro de Movilidad, de acuerdo a las recomendaciones referidas al análisis específico de estos dos temas.

Puesta en marcha, con bases en los estudios ya identificados, de ajustes al Plan Maestro de Equipamiento para un cubrimiento amplio del cuidado de niños, niñas y personas dependientes,  vinculado a centralidades.

4. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

El POT no cuenta con un enfoque de género expresado en sus objetivos, estrategias, políticas y programas,  que permita atender  las desiguales  oportunidades de hombres y mujeres  en el territorio.

La  ciudad no ha implementado  sistemas de análisis con enfoque de género de la información desagregada por sexo, que arroja algunas de las fuentes de información disponibles[27], y que haga posible identificar demandas diferenciadas y diseñar estrategias y orientar recursos hacia la superación de inequidades no solo sociales sino de género (éstas atraviesan todos los sectores sociales), en el acceso al hábitat, los equipamientos, la movilidad, el espacio público entre otros. La Encuesta de Calidad de Vida de  la Secretaría Distrital de Planeación de  Bogotá aporta información desagregada por sexo, sin embargo  ésta no es analizada desde un enfoque de género a los fines de las conclusiones que llevan a revisar y redefinir las políticas.

En la medida en que el tema de género no está incorporado, las mujeres son consideradas como población vulnerable quedando por fuera del cubrimiento de los enfoques de seguridad humana y seguridad ciudadana expresado en políticas, programas y proyectos de inversión.

Las premisas básicas que sustentan el POT y que tienen como objetivo aportar a mejorar la calidad de vida de la población implica:

a) Reconocer las diferencias sociales y de género de la población que habita la ciudad.

Concepto de ciudadanía con tratamiento universal e igual para todas las personas debe sustituirse por el de ciudadanía diferenciada, garantizando la participación de mujeres y hombres, en sus diversidades.

 b) El Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar a través del modelo de ciudad que propone distribuir equitativamente los costos y beneficios que la ciudad produce. La planeación es un proceso político y técnico  atravesado por la tensión entre Estado y mercado. De acuerdo a los principios del POT el Estado debe cumplir una función reguladora y redistribuidora de recursos a favor de la igualdad de oportunidades

c) Contar con un sistema de información y seguimiento desagregado por sexo, y que incluya análisis de género, que tenga en cuenta necesidades de poblaciones diversas, etnias, edades, y condición social que permita diseñar el desarrollo territorial en consecuencia con dicha diversidad. Para esto es necesario revisar las bases de datos disponibles para incorporar los datos necesarios que permita realizar un diagnostico de la situación de las mujeres en las distintas áreas  y su comparabilidad en el tiempo. La producción de información con enfoque de género incluye desde el diseño de conceptos que orienten la investigación, el diseño de los Instrumentos de recolección, las clasificaciones de las variables a ser investigadas. Asimismo la capacitación del personal involucrado en la recolección de los datos y el análisis de los mismos y presentación de resultados.

d) Elaborar indicadores que permitan evaluar las transformaciones en el bienestar y calidad de vida de  hombres y mujeres, en particular los sectores más excluidos donde la vulnerabilidad de las mujeres  se potencia en tanto la discriminación de género atraviesa la  condición social. Tomar como referencia los Indicadores de género ya propuestos por organismos de Naciones Unidas como CEPAL .

 

Garantizar las condiciones señaladas precedentemente con equidad social y también de género,  implica definir objetivos, políticas, estrategias y programas orientados por una parte a disminuir los factores que incrementan la pobreza en las mujeres (trabajos menos remunerados, informales, sin servicios sociales, división sexual del trabajo, violencia de género), a garantizar el acceso a la tenencia segura de la vivienda,  a servicios y  equipamientos de cuidado de personas dependientes (niños/as, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos),  y  a la provisión de espacios públicos y transporte accesibles y seguros.

Asimismo,  es necesario contar con el compromiso de la ciudad a través del POT, de elevar los niveles de consulta y participación de las mujeres en los espacios de decisión, para asegurar que sus demandas y propuestas sean tenidas en cuenta.   

5. LINEAMIENTOS PARA FORMULACIÓN

5.1 Objetivos

Como resultado de la actual revisión del Decreto 190. 2004 -  POT, se propone que el enfoque de género quede incorporado de manera explícita  en los objetivos del POT, para que luego se traduzca en las políticas, programas y proyectos, los cuales deben ser coherentes con los mismos, y para lo cual se realizan las siguientes recomendaciones:

Incluir nuevos objetivos que contribuyan, desde el POT a garantizar la equidad de género y la seguridad humana para  las ciudadanas y los ciudadanos del Distrito Capital.

A. Objetivo: Seguridad Humana y ciudadana de la población desde un enfoque diferencial por género.

Consolidar la seguridad humana y ciudadana de la población desde un enfoque diferencial por género, como base de los procesos de actuación sobre el territorio de la Ciudad-Región. El Distrito promoverá el principio de igualdad de oportunidades  entre hombres y mujeres,  mediante las actuaciones que permitan prevenir las amenazas súbitas y crónicas que afectan a ciudadanos y ciudadanas. De igual manera, establecerá mecanismos de actuación que contribuyan eficientemente al disfrute y aprovechamiento de todos los beneficios de la Ciudad Región, poniendo atención especial sobre los sectores de población expuesta a situaciones de vulnerabilidad social y de género en los diferentes componentes de las estructuras Ecológica principal, funcional y de servicios y socioeconómica y espacial del Distrito Capital.

B. Objetivo: Equidad de género: Establecer el compromiso del Distrito con la equidad de Género en todas sus  postulados y actuaciones reflejado en las estrategias, políticas programas y proyectos.

a. Se propone modificar el objetivo 8. Equilibrio y equidad territorial para el beneficio social, incluyendo de manera explícita la equidad de género en los sub puntos de este objetivo que refieren a disminuir la pobreza, la exclusión y a la provisión de servicios y equipamientos accesibles a toda la población.

b. Incluir el numeral i. con el siguiente texto:

Incluir variables desagregadas por género en los diferentes sistemas de información que generan los criterios técnicos de decisión para la planificación y la realización de intervenciones sobre la Ciudad-Región, con énfasis en la problemática de seguridad.

c. Incluir la variable género en el Parágrafo; El Departamento Administrativo de Planeación Distrital participará en la definición, concertación y evaluación de la política social desde instancias interinstitucionales e intersectoriales garantizando la articulación de variables biofísicas, sociales y de género.

 5.2  Areas de actuación estratégica.

 Art. 4-  Áreas de Actuación estratégica. Sistema de Información para la Región

Interesa señalar especialmente por su importancia para integrar un enfoque de género al POT la correspondiente a Sistemas de información para la región, el cual plantea monitorear la sociedad, la economía y el avance en el logro de objetivos de cada entidad comprometida en el desarrollo regional, por medio de indicadores de impacto, oportunos y relevantes.

En el Sistema de Información para la Región y el Distrito Capital  que establece el POT, debe por lo tanto, estructurarse y definirse de manera obligatoria la desagregación de datos por sexo y el  análisis con enfoque de género de la información estadística que luego debe sustentar la definición de políticas públicas. Esto implica reformular algunas de las categorías de análisis utilizadas para recabar la información (trabajo/no trabajo; jefe de hogar, entre otros), y  que justifican los  diagnósticos en los que deben basarse las políticas, programas y proyectos. Desagregar la información por sexo y analizar e interpretar la misma desde un enfoque de género   Ej: Encuesta de Calidad de Vida, estudios sectoriales específicos que sustentan el POT y Planes Maestros.

Por ejemplo, para implementar  los objetivos construcción compartida de la región Bogotá – Cundinamarca,  es fundamental contar con información que permita: Identificar condiciones laborales de las mujeres en la región y nivel de oportunidades u obstáculos para su incorporación a la micro producción agrícola y a la producción agroindustrial, a los sistemas de  comercialización y la disminución de riegos laborales y ambientales en el trabajo en zonas rurales y urbanas en la región. Contar a su vez con datos de mujeres que se desplazan a Bogotá y a la región diariamente, horarios y tipo de actividad que desempeñan,  condiciones de traslados, seguridad y horarios del transporte. Situación de la vivienda midiendo déficits cuantitativos y cualitativos frente a riesgos de desastres, entre otras variables que es necesario precisar como son  niveles de educación, pobreza, ingresos, acceso a equipamientos etc.

Esto se relaciona  también con la eficiencia y el uso de los recursos públicos, porque si  no conocemos las diferencias, los requerimientos específicos que tienen los ciudadanos y ciudadanas, tampoco es posible dar respuesta a esas demandas. El concepto “género” aporta entonces  a visualizar  la sociedad como es, compleja, heterogénea, y por lo tanto innovar en las respuestas dando cuenta de los cambios y transformaciones sociales. Permite a su vez focalizar las  inversiones y los recursos más equitativamente y más eficientemente.  

Implica también desarrollar indicadores de impacto de género acorde con los compromisos de promover la igualdad de oportunidades.

A modo de ejemplo, el Plan de Acción Para la Equidad de Género de UN Hábitat (GEAP 2009)[28],  propone el siguiente plan de acción para promover una urbanización sustentable:

Objetivos:

• Promover la urbanización sustentable a través de la investigación basada en la evidencia, diálogo político, alianzas estratégicas, campañas globales, educación, comunicación e intercambio de prácticas positivas.

Indicadores de logros

Un número acordado de países, ciudades y autoridades locales que usan indicadores de género en el monitoreo, reporte y diseminación de tendencias urbanísticas clave, que incluyan la pobreza urbana y el crecimiento de los barrios marginales.

Resultados estratégicos

·       Políticas urbanas y prácticas a nivel nacional y local pueden ser mejoradas a través de la educación, análisis de género, desarrollo y uso de datos sexuales desglosados y conocimiento basado en la evidencia.

Resultados

·       Datos sexuales desglosados y conocimiento basado en la evidencia sobre género en las ciudades, producidos y usados en el desarrollo de políticas y prácticas; aumentar la sensibilización y la acción mediante actores estratégicos clave.

Productos

·       Mensajes claves, publicaciones y materiales de promoción.

·       Indicadores de género;

·       Base de datos con información urbana de género

·       Estudios analíticos de género

·       Apoyo a universidades e instituciones de investigación

·       Foros de mujeres en las ciudades

·        

·       Apoyo a grupos y redes de mujeres;

·       Incremento de  la participación de las  mujeres jóvenes y centros con recursos

Informativos.

·       Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y una mayor cooperación sur-sur.

Un sistema de información debiera dar cuenta entre otras cosas de:

§  Accesibilidad física: distancia en tiempos y características de los recorridos para el acceso a las distintas actividades urbanas. Merece especial atención: la distancia a los lugares de trabajo de las mujeres medidos en costos y tiempos de traslado.

§  Accesibilidad a redes de Infraestructura instalada: redes existentes, /agua, energía eléctrica / desagües cloacales / recolección de residuos,  otros.

§  Oferta de Servicios: Cuidado infantil, transporte público, educación, salud, recreación.   Medidos en cantidad y calidad. Costos con  relación  a la renta de los hogares y de los hogares monoparentales con mujeres a cargo y con hijos dependientes.

§  Seguridad Urbana/ delitos / agresiones físicas, desagregadas por edad y sexo /espacios identificados como de alto riesgo/ tiempos de permanencia en los espacios públicos /horarios en que transitan.

§  Características ambientales, detectando las fuentes de contaminación y su vinculación con la vida doméstica de las mujeres.

5.3  Políticas

5.31 Política de Hábitat y Seguridad Humana.

Recomendaciones referidas a la formulación de la Política

Ø  Diversificar la oferta de acceso a la tenencia segura de la vivienda que disminuyan hogares en hacinamiento incluyendo: oferta de vivienda en arriendo, procesos participativos de  mejoramiento barrial y de vivienda.  

Ø   Recuperación y/o redensificación de edificaciones en áreas centrales e intermedias orientadas a grupos más vulnerables, (hogares monoparentales, mujeres mayores, jóvenes), que viven en las áreas centrales y o intermedias.

Ø  Reforma urbana sin desalojos y concertados con los y las habitantes, que incluyan compensaciones.

Ø  Asignación de un porcentaje de la plusvalía urbana para mejoramiento viviendas y producción de suelo para  nuevas viviendas.

Ø  Priorización en la asignación de subsidios y ampliación de subsidios complementarios nación-distrito, para hogares monoparentales a cargo de mujeres con hijos y personas dependientes,  con ingresos informales y/o victimas de violencias de género.  

Ø   Revisión de áreas y superficies mínimas de la vivienda de  acuerdo a funciones de cuidado y a composición familiar.

Ø  Vivienda articulada a espacios y servicios públicos, sociales y mercado laboral, en función de localización y accesibilidad.

Ø  Vinculación de las organizaciones sociales a los procesos de gestión de suelo y vivienda social.

Estudios específicos necesarios

Ø  Promover un estudio que focalice en la composición de los hogares, particularmente conformado por mujeres únicas responsables económicas, según sector socio económico  e hijos a cargo, en relación a las necesidades de vivienda, ampliación, mejora, subsidios al alquiler, créditos y localización en la ciudad según trabajo que realizan. Habida cuenta que muchas de ellas su fuente de ingresos es la venta en la calle y dependientes del sistema de transporte público como único medio de movilidad.

Ø  Incorporar la situación especifica de las mujeres victimas de violencia para priorizar adjudicación de subsidios.

Ø  Analizar el stock parque habitacional desocupado en áreas centrales y consolidadas y vincular con la demanda de viviendas para sectores empobrecidos, mujeres jefas de hogar, mujeres víctimas de violencia.

5.3.2 Política de Movilidad

Recomendaciones referidas a la formulación de la Política

Se recomienda hacer referencia a la necesidad de garantizar la movilidad segura de la población considerando las demandas diferenciadas de género, las cuales deberán reflejarse en el Plan Maestro de Movilidad.

Estudios Específicos:

  Profundizar los estudios que dan cuenta de la movilidad de las mujeres, especialmente de los sectores sociales de baja renta, las que como ya vimos, muchas de ellas están insertas en el sector informal de la economía, se trasladan con niños y cargas y solo tienen como opción el transporte público.

a)     Profundizar en el conocimiento de los viajes originados por “oficios del hogar” y la  accesibilidad a los servicios y equipamientos que esto implica y que no necesariamente se asocian a los ejes viales principales sino a la red vial intermedia y local.

b)     Considerar la seguridad de la movilidad en todos sus componentes, vías, esperas, unidades de transporte, y específicamente vinculada a los distintos tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres en los mismos y producir información especifica que aporte datos fehacientes que orienten acciones de políticas.

c)     Elaborar protocolos de transporte que consideren la dimensión de género y que cuenten con una representación  de género para llegar a esta consideración.

5.3.3 Política de Dotación de Equipamientos.

Esta política expresa en su definición  que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y región adecuando la oferta de equipamientos a la localización de la demanda y déficit existente.

Recomendaciones referidas a la formulación de la Política

Se propone abordar la dotación de equipamientos  desde una óptica centrada en el  reconocimiento de la división sexual del trabajo como obstáculo para la igualdad de oportunidades para las mujeres y asumir el cuidado de personas dependientes como una responsabilidad social.

Integrar a los puntos existentes y/o incorporando nuevos, las siguientes recomendaciones:

Ø  Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de cuidado, con el objeto de disminuir  la dependencia económica y  aumentar las posibilidades de las mujeres de acceder a un trabajo remunerado.

Ø  La propuesta de distribución del equipamiento  en el territorio según los objetivos del POT (promover centralidades) debe ser evaluada atendiendo a la premisa de garantizar la distribución equitativa de servicios de proximidad en el territorio: cuidado infantil  y de personas mayores,  comedores y centros de apoyo escolar y vacacional.

Ø  Vincular la localización de  centros educativos, servicios de salud,  cuidado de niños y los equipamientos de seguridad ciudadana, con las rutas de transporte público y las estaciones y nodos de trasbordo.

Ø  Punto  3  y 4 referido a la localización  de nuevos equipamientos y mejoramiento integral de barrios: Entre los  equipamientos es necesario considerar los  concernientes a la atención y prevención  de las violencias de género hacia  las mujeres, con un tratamiento diferenciado  de la llamada violencia intrafamiliar. (ver Capítulo 3). 

Ø  Incluir  al sistema de equipamientos,  las Casa de Igualdad de Oportunidades, casas refugio para mujeres maltratadas, casas respiro para cuidadoras de personas discapacitadas, centros comunitarios y comedores, que apoyan el avance en la equidad entre hombres y mujeres incorporados por el  pasado el gobierno de Bogotá D. C 2004-2008 y el actual gobierno distrital 2008-2012.  El actual plan de desarrollo estableció en las metas nuevos equipamientos: crear 20 centros de respiro para las familias cuidadoras de personas en condición de discapacidad. Poner en operación 16 casas de Igualdad de Oportunidades. Poner en operación 4 casas de refugio para víctimas de violencia intrafamiliar

Estudios específicos:

Ø  Sistematizar la información disponible en las entidades responsables del equipamiento  urbano, que permita analizar la distribución en el territorio de los servicios de cuidado infantil, la accesibilidad a los mismos, el servicio que prestan, la población que atienden, focalizado específicamente en las localidades con mayor índice de dependencia por puerilidad y sector socio económico.

Ø  Realizar estudios específicos de la demanda en la ciudad, de tipos y funciones de nuevos equipamientos que apoyen la incorporación de las mujeres al empleo, identificando posibles fuentes de recursos y la articulación con otras Secretarias, para priorizar, definir metas y garantizar la dotación de dichos equipamientos. Definir a su vez metas progresivas que prioricen los estratos más carenciados, avanzando sucesivamente hacia un cubrimiento más amplio de oferta de estos equipamientos, de manera que puedan cubrir  inclusive otros estratos de población.(clase media)

Ø  Asimismo, complementar con estudios específicos que aporten mayor información sobre la situación de las personas adultas mayores en relación a servicios requeridos según localidades y sector socio económico.

Ø  Otro aspecto a considerar es que se registra un 3% de la población de Bogotá con limitaciones físicas permanentes que le impiden la movilidad de manera libre e independiente y que se  suma a la población dependiente que requiere de otro adulto para su cuidado. Un enfoque de equidad debiera contemplar también la responsabilidad social del cuidado de las personas dependientes y el apoyo a quienes se hacen cargo de las mismas, que en general son mujeres. Las Casas Respiro establecidas en el actual Plan de desarrollo 2008-2012 son un avance en este sentido que debe ser incorporado al POT, con base en un estudio específico.

5.3.4  Política sobre recuperación y manejo del espacio publico

Recomendaciones referidas a la formulación de la Política.

Se propone ampliar los principios establecidos en esta política que luego orientan el Plan Maestro de Espacios Públicos.

Ø  Principio 7, expresarlo de la siguiente manera: La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes sectores sociales teniendo en cuenta las diferencias de género.

Ø  Incorporar un principio que establezca garantizar a través de la planificación y el diseño de los espacios públicos, la seguridad de las personas, en lo concerniente a la prevención de accidentes y la prevención contra posibles delitos y violencias.

5. 3. 5. Política de Información para la Planeación y el Ordenamiento

Establece que: Para planear y garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en esta Revisión, el Sistema de Información Distrital deberá incluir los datos e Indicadores que permiten integrarlo al Sistema de Información Regional

Recomendaciones referidas a la formulación de la Política

Se deberá dejar establecido que la recolección de datos será desagregada por sexo y analizada desde un enfoque de género que deberá reflejarse en  Indicadores de género. 

5. 3.6 Política para el Área Rural

Punto 5. Referido a planes y programas de vivienda y dotación de equipamientos.

Integrar la información que permita dar cuenta de las demandas de las mujeres que viven y trabajan en áreas rurales.

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[1]. “Equidad en el Empleo: El Caso de Colombia”, en Equidad en el Empleo Argentina, Colombia, Paraguay y Perú. Proyecto Regional Pares. Altervida, Red Mujer y Hábitat A. Latina. Unión Europea. 2007.

[2] Bianchi, Marina (1994) “Más allá del doble trabajo”, en: Diccionario de estudios de género y feminismos. Gamba, S (coord.); Colaboración .Barrancos, D; Giberti, E; Maffía, D; Diz, T. Buenos Aires: Biblios, 2007.

[3] Alcaldía Mayor de Bogotá.  Rompiendo el Silencio. Mujer Víctima y Victimaria. Colección Estudios Secretaría de Gobierno.   Bogotá. 2007

[4] Weinstein, Soledad, (1991) “Apuntes sobre la violencias cotidiana”, en AA.VV., La mujer ausente. Derechos humanos en el mundo, Santiago de Chile, Isis Internacional, 199, citado por  Velázquez, Susana: “Violencia de género”, en: Diccionario de estudios de Género y Feminismos. Gamba S. (coord); Barrancos et al. Buenos Aires: Biblios, 2007.

[5] Madariaga, Inés; Callejo M; Sanchez, Javier; (2004); Ciudades para las personas. Género, Urbanismo y estado de la cuestión. Instituto de la Mujer, Madrid

[6] Medeiros M; Costa Joana;  ¿Qué queremos decir con “feminización de la pobreza”? Centro Internacional de Pobreza. Pagina web

[7] Proyecto PNUD COL/54254, Saavedra Andrade, Maria del Rosario; Particip.Sonia Sánchez y Lola Cendales, Enfoque de Género en  la Planeación de la Recuperación Post-sismo en Bogotá, :Bogotá, 15/10/2008.

[8] Ciro Alfonso Serna Mendoza, citado en Ibíd. 7

[9]  Zeitlin June.  Mpoumou Doris. “No Hay Seguridad Humana sin Igualdad de Género”, en  Women's Environment & Development Organization (WEDO). http://www.webgestiones.com/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/3_d_h_mujeres/40.

[10] Informe sobre los Indicadores de Género de Exclusión Social, Marco Italiano. 2003. Página WEB, Report on social, exclusión gender indicators. CRAS 4/03.

[11]     IBID 12

[12]     IBID 12

[13]    Segregación socioeconómica en el espacio urbano de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Secretaría Distrital de Planeación. 2007.

[14]     IBID 13

[15]   Ibid 7

[16]    Ibid 7

[17]    Ibid 3

           [18] PNUD. “El Futuro de la Movilidad. Reflexiones a Propósito del Plan Maestro de Movilidad y Estacionamientos”. Cuadernos Informe Desarrollo Humano para Bogotá. 2006.

[19] Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría Distrital (2008) “Como avanza el distrito en Movilidad, 2007.

[20]  Bogotá sin Indiferencia 2004-2008 y Bogotá Positiva 2008-2012.

            [21] Rainero, L, Rodigou, M. “El Espacio Público de las Ciudades. Procesos de Construcción de Indicadores Urbanos de Género” En Discurso Social y Construcción de Identidades: Mujer y Género. CEA (Centro de Estudios Avanzados). Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, 2004. ISBN 987-98952-7-4. Pp. 73-87. 2004.

                    [22] Bofill Levi, Anna. Guía para el Planeamiento Urbanístico y la Ordenación con la Incorporación de Criterios de Género. Ahora Ideas. Barcelona. 2008.

[23]  Programa Regional Ciudades Seguras. Bogotá. Red Mujer y Hábitat, Red Nacional de Mujeres. UNIFEM- AECI. Localidad de Suba.

[24]  IBID 7

[25]     IBID 1

[26]  Boletín de Prensa SDP No 11. Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones. Alcaldía Mayor de Bogotá.2009

[27] Por ejemplos fuentes disponibles como el Centro de Estudios sobre Seguridad y Convivencia -CEASC, Sistema Unificado e información sobre Violencia y Elincuencia - SUIVD, Encuesta de Calidad de Vida. Bogotá Como Vamos.

[28] The Gender Equality Action Plan, UN Habitat, 2009

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